El partido colombiano de derechas Centro Democrático, liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, expuso este jueves a la fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, que sufre una "persecución política por vía del aparato judicial" por ser oposición al Gobierno de Juan Manuel Santos.

"El Gobierno colombiano, en alianza con el fiscal general de la nación, su policía judicial y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia han desatado la más burda y cruel persecución contra nuestros dirigentes", sostuvo la formación en una carta abierta.

La misiva, que se dirige también a los ministros de Justicia de países de la Organización de Estados Américanos (OEA) reunidos hoy y mañana en Bogotá, sostiene que en Colombia "sí hay persecución política por vía del aparato judicial en contra de la oposición".

Esta situación, asegura el Centro Democrático, "ha sido denunciada ante múltiples instancias internacionales como el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

"Por ende, acudimos a ustedes para que no caigan en el engaño del Gobierno Nacional, cuyo único afán es destrozar nuestro partido de oposición", agrega la carta.

La formación considera que la "persecución" que sufren se demuestra con las "atrocidades judiciales" emprendidas contra Uribe, a quien la Fiscalía pide investigar por presunta colaboración con grupos paramilitares cuando fue gobernador del departamento de Antioquia (noroeste), entre 1995 y 1997.

También, subrayan, está el caso del excandidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, al que un juez interrogó por su presunta relación con las actividades del pirata informático Andrés Sepúlveda, que espió las negociaciones de paz con las FARC durante la pasada campaña electoral, en la que fue contratado como gestor de redes sociales.

Ante estos hechos, la formación pidió a Lynch y los ministros de la OEA "no caer en el engaño" de Santos, al que acusan de perseguir a "quienes se oponen al propósito gubernamental de otorgarle impunidad a los asesinatos, secuestros, crímenes de lesa humanidad y actividades de narcotráfico del grupo narcoterrorista de las FARC".

Asimismo, solicitaron que "se preserven y fortalezcan las medidas de protección internacional que hoy amparan a aquellos de nuestros dirigentes que fueron obligados al exilio tras la persecución político-judicial desatada por el gobierno de Juan Manuel Santos y parte de la rama judicial" colombiana.

EFE